El reciente Decret Llei 7/2024, presentado por la Generalitat Valenciana, pretende simplificar la tramitación de proyectos de energías renovables. Sin embargo, detrás de este aparente impulso hacia una «transición energética justa», se esconden medidas que sacrifican nuestro medio ambiente y la sostenibilidad en favor de intereses económicos particulares.
¿Quiénes realmente se benefician?
Las principales beneficiadas son las grandes empresas promotoras de energías renovables, que verán reducidas sus barreras económicas y administrativas. Al eliminar la necesidad de acreditar recursos financieros antes de obtener autorizaciones y permitir la transmisión de estas, se facilita la especulación y el enriquecimiento de unos pocos a expensas de nuestro patrimonio natural.
Impacto en el medio ambiente y sostenibilidad
La normativa permite la ocupación de hasta un 10% del suelo no urbanizable en cada municipio para proyectos fotovoltaicos, más del triple de lo permitido anteriormente. Este desmesurado aumento pone en riesgo nuestras tierras agrícolas, paisajes protegidos y ecosistemas valiosos. Además, la posibilidad de evitar restricciones en suelos de alto valor agrológico y otros protegidos demuestra un desprecio por la conservación medioambiental.
Prioridad y dinamización agrícola: Una falacia
Aunque se argumenta que la norma prioriza la dinamización de la actividad agrícola, en realidad, permite la instalación de plantas fotovoltaicas en terrenos abandonados o poco productivos, obviando la importancia de recuperar y preservar estas tierras para la agricultura sostenible.
Reducción de garantías y seguridad jurídica
Reducir las garantías económicas para desmantelar las instalaciones fotovoltaicas del 5% al 3% del presupuesto del proyecto minimiza la responsabilidad de las empresas promotoras, dejando a las comunidades locales con el riesgo de futuros problemas medioambientales sin recursos suficientes para enfrentarlos.
Conclusión
Este decreto es un claro ejemplo de cómo la Generalitat Valenciana prioriza los intereses económicos de unos pocos sobre el bienestar común y la protección de nuestro entorno. Las supuestas mejoras en la tramitación administrativa no son más que un disfraz para agilizar proyectos que pueden causar daños irreversibles a nuestros paisajes y ecosistemas. Es urgente que reconsideremos estas medidas y trabajemos hacia una verdadera sostenibilidad y justicia ambiental.
Puedes leer la nota de prensa de la Generalitat aquí
